Eleanor Roosevelt mencionó: “No basta con hablar de paz. Uno debe creer en ella y trabajar para conseguirla”. Esta es una de las consignas que quizás hay que insistir todos los años alrededor del mundo. De hecho, desde la posguerra, Naciones Unidas ha venido haciendo un esfuerzo en remarcarle a las generaciones futuras la firme necesidad de abandonar el flagelo de las violencias.
En ese sentido, cada 16 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Convivencia en Paz que fue aprobada en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en 2017. La paz requiere no de estar convencido de ésta, sino también de hechos concretos que fueron definidos por la misma Asamblea, tales como: la tolerancia, la inclusión, la comprensión y la solidaridad, entre otros.
Este camino recorrido ha pasado por otros hitos, cada vez más constantes. En 1997 la misma Asamblea motivó a que en el cambio de milenio, a partir del año 2000, se estableciera como el período internacional de la Cultura de paz. Por su parte, en 1999 un nuevo pronunciamiento de la Asamblea General finaliza en lo que se denomina la Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz.
En 2015, la resolución que aprueba la Agenda 2030, representada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluye como uno de sus 17 principales propósitos: “promover sociedades pacíficas e inclusivas” (ODS 16).
Estas manifestaciones son referentes más importantes que han irradiado los diseños institucionales de cultura de paz en el mundo, y en particular en Colombia. Aquí subyace un elemento contundente, y es, por ejemplo, la relación de dicha cultura de paz con la promoción de la democracia y el desarrollo económico y social, el fortalecimiento de las instituciones, la erradicación contra la pobreza, entre otros aspectos.
En la medida que se van forjando instrumentos internacionales, en Colombia se ha profundizado este debate. Hay políticas públicas y hechos concretos de política que van cimentando la cultura de paz. Uno de los ejemplos, tiene relación con el diseño institucional que permitió la creación de las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP) en los territorios más afectados por el conflicto armado y la débil presencia institucional.
La presencia de estas voces en la Cámara de Representantes son ese mensaje de convivencia de paz, en la medida en que las víctimas del conflicto y estas regiones afectadas por la violencia puedan tomar decisiones democráticas en el seno del Congreso de la República. Desde julio de 2022 a la fecha, estos hombres y mujeres han venido acompañando al menos 3 prioridades políticas, entre ellas: i) acelerar la indemnización de las víctimas, ii) el desarrollo sostenible de los territorios de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y iii) ampliar la voz del campesinado en Colombia. Son apenas algunos meses de inicio, con un gran número de retos históricos, pero que, acompañado de una legitimidad ciudadana, van generando hechos que sustentan una convivencia en paz.
Por ello, desde enero de 2023, con el apoyo del Fondo Multidonante para el Sostenimiento de la Paz y el Fondo para la Consolidación de la Paz, y la implementación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, se impulsa el proyecto denominado “Fortalecimiento institucional de las Curules de Paz como mecanismo para asegurar la efectiva representación política de poblaciones y zonas especialmente afectadas por el conflicto y el abandono histórico del Estado, incluyendo a las víctimas del conflicto”.
Dicho proyecto contempla tres líneas de trabajo. La primera busca fortalecer las capacidades de la representación de las Curules de Paz. La segunda se enmarca en la construcción participativa de organizaciones sociales y víctimas en los procesos de construcción de la agenda legislativa sobre las problemáticas de interés. Por último, se busca recopilar percepciones, actitudes y apoyo al acuerdo de Paz.
Como se ha hablado anteriormente, una de las columnas vertebrales de este proyecto se centra en que los territorios más afectados por el conflicto, y sus organizaciones sociales y de víctimas, accedan a las decisiones de política pública que se gestan en el Congreso de la República. Es un aporte y un comienzo que hablan de paz, creen en la paz y trabajan en la paz.
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